A la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico y a la Fiscalía General de la Nación les llegó una compulsa de copias de parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitando que sea investigada la fiscal Lucy Marcela Laborde, quien lleva dos procesos contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, acusado de recibir dineros de dudosa procedencia para la campaña presidencial de su papá, en 2021 y 2022.

El auto dado a conocer por La FM, firmado por la presidente de la Comisión Gloria Arizabaleta, indica que se había ordenado para el 18 de noviembre un inspección al despacho de la fiscal en Barranquilla para acceder a los expedientes que relacionarían el caso de Petro Burgos y el principio de oportunidad de Daysuris Vásquez con la posible entrada de dinero ilícito a la campaña de Petro para las elecciones de 2022.

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Arizabaleta hace parte del triunvirato que lleva la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña. 

La diligencia coincidía con la audiencia de revocatoria de principio de oportunidad de Days Vásquez, por lo que el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, quien también representa al Presidente Gustavo Petro, solicitó suspender la audiencia de revocatoria para viabilizar la diligencia de la comisión, a lo que accedió el juez.

No obstante, Laborde "guardó silencio" para no asistir a la inspección que ordenó la dependencia del Congreso, pero esto no es lo reprochado por la comisión, la compulsa para que sea investigada por la Comisión de Disciplina Judicial y la Fiscalía es porque Laborde presuntamente impedido la diligencia a través de un mensaje de WhatsApp.

Esta forma de comunicación, según la Comisión de Acusación, impidió la inspección judicial y su supuesto silencio no permitió la continuidad de la audiencia contra Vásquez.

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"Preocupa que una inspección judicial ordenada por esta Comisión haya sido dejada sin efecto, no por una decisión motivada, no por una causa de fuerza mayor debidamente explicada, sino por un mensaje de mensajería instantánea", explica Arizabaleta en el auto.

La petición de la congresista es que la comisión analice "la posible violación de los deberes de formalidad, celeridad, diligencia, lealtad procesal y respeto a las decisiones", mientras que a la Fiscalía le solicitó que "determine si los hechos descritos constituyen o no los delitos de abuso de función pública, obstrucción a la justicia, fraude procesal u otros que se llegaren a configurar".